Albania enfrenta una creciente ola de violencia tras tres días de protestas antigubernamentales que han dejado 71 policías heridos, uno de ellos en estado crítico, y al menos 71 manifestantes detenidos, informó este jueves 15 de octubre la Policía del país balcánico.

Las movilizaciones, encabezadas principalmente por jóvenes y universitarios, se han extendido por varias ciudades, incluida la capital, Tirana. En los enfrentamientos, algunos manifestantes lanzaron piedras contra los agentes, levantaron barricadas con mobiliario urbano e incendiaron contenedores, además de causar daños en sucursales bancarias, tiendas, restaurantes y paradas de autobús.

La Policía informó también de medidas penales contra otras 147 personas, aunque todavía no precisó cuántas corresponden a los disturbios de este jueves. Por su parte, el Ministerio de Sanidad reportó el traslado de 14 heridos a un hospital de traumatología: ocho policías, cuatro manifestantes y dos menores.

Uno de los casos más graves ocurrió en la ciudad de Shkodër, al norte del país, donde el comandante policial Fasil Rama quedó en estado crítico tras recibir un golpe en la cabeza con una piedra lanzada durante los disturbios frente a una comisaría.

Los manifestantes demandan la dimisión del primer ministro socialista, Edi Rama, además de mayores apoyos económicos para los universitarios, mejores condiciones en los centros educativos y una reducción de las elevadas tasas académicas.

Rama responsabilizó a la oposición conservadora de fomentar la violencia y advirtió que quienes participaron en los disturbios deberán responder ante la ley. Mientras tanto, el presidente albanés, Bajram Begaj, pidió contención y ofreció facilitar un espacio de diálogo para evitar que la crisis afecte la estabilidad nacional.

La tensión se suma a meses de movilizaciones contra el Gobierno, inicialmente impulsadas por el rechazo a un controvertido proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump. Con el paso del tiempo, las protestas también han incorporado denuncias de presunta corrupción y críticas al sistema político, al que los manifestantes acusan de favorecer a las élites económicas.

La continuidad de los enfrentamientos mantiene la preocupación por una mayor escalada de violencia, mientras las autoridades buscan contener los disturbios y crece la presión política sobre el Gobierno de Rama.