Costa Rica endureció su estrategia contra el crimen organizado transnacional al incorporar a seis cárteles mexicanos y tres organizaciones colombianas a su lista de agrupaciones consideradas narcoterroristas. La medida fue anunciada el miércoles 14 de octubre de 2026 por la presidenta Laura Fernández Delgado, durante la inauguración de una nueva prisión de máxima seguridad destinada a combatir la operación de grupos criminales.

Entre las organizaciones mexicanas señaladas figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La lista también incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Durante el anuncio, Fernández afirmó que su gobierno utilizará todos los recursos disponibles para frenar el avance del narcoterrorismo e impedir que las organizaciones criminales internacionales amplíen sus operaciones en territorio costarricense.

La decisión coincide con la apertura del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado en el complejo penitenciario La Reforma y con capacidad para albergar a 5 mil 100 reclusos. El gobierno presentó el centro como una pieza clave para reforzar el control penitenciario y limitar la capacidad operativa de las estructuras delictivas.

Como parte de esta estrategia, la mandataria anunció que viajará a El Salvador para conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el presidente Nayib Bukele. La visita busca examinar el modelo salvadoreño de máxima seguridad y sus mecanismos de administración penitenciaria.

La iniciativa costarricense se produce en un contexto regional de endurecimiento de las políticas contra el narcotráfico. Estados Unidos también ha designado a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha aplicado sanciones financieras contra integrantes y redes vinculadas con estas estructuras.

Sin embargo, estas medidas han generado diferencias entre Washington y México, cuyo gobierno ha defendido que las acciones de seguridad deben respetar la soberanía nacional y desarrollarse mediante mecanismos de cooperación bilateral.

Con las nuevas designaciones y la puesta en marcha del CACCO, Costa Rica busca fortalecer su respuesta frente al crimen organizado. El alcance de la estrategia dependerá de su aplicación legal, la capacidad de las instituciones de seguridad y los resultados que obtenga en la contención de las redes criminales.