El Congreso aprobó una ley que permitirá solicitar autorización judicial para detener a personas con órdenes de expulsión y agilizar los procedimientos migratorios.
El Congreso de Chile aprobó una nueva ley para acelerar la expulsión de personas migrantes en situación irregular, que contempla facultades para que la Policía solicite autorización judicial e ingrese a domicilios con el objetivo exclusivo de detener a quienes tengan una orden de expulsión vigente.
La iniciativa fue presentada originalmente en 2024, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y posteriormente fue impulsada por la administración del actual mandatario, José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo de 2026.
Según información difundida por el Senado chileno, la legislación también permitirá a las autoridades solicitar información a organismos públicos para localizar a personas indocumentadas y notificarles las resoluciones de expulsión correspondientes.
La política migratoria es uno de los principales compromisos de Kast, quien durante su campaña planteó la expulsión de más de 330 mil personas que, según estimaciones citadas en el país, permanecen en situación irregular. Sin embargo, durante sus primeros seis meses de gobierno se concretaron alrededor de mil 800 expulsiones, principalmente de ciudadanos colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos.
Uno de los principales obstáculos para ejecutar estas medidas ha sido la situación diplomática con Venezuela, país de origen de una parte importante de la población migrante irregular en Chile. Aunque ambos gobiernos acordaron normalizar sus relaciones en julio, esto no se ha traducido hasta ahora en un aumento significativo de las expulsiones de ciudadanos venezolanos.
