La crisis de vivienda en Portugal elevó la tensión entre manifestantes y autoridades, luego de que la Policía desalojara campamentos instalados en Lisboa y Oporto por activistas que exigen acceso a viviendas asequibles. El operativo realizado durante la madrugada del martes dejó 55 personas detenidas y al menos dos heridos leves en Lisboa.

Los agentes intervinieron en la plaza de Rossio, en Lisboa, y en la plaza de D. João I, en Oporto, después de varios días de advertencias sobre la ocupación de espacios públicos durante la noche. La Policía de Seguridad Pública aseguró que intentó negociar una salida voluntaria antes de ordenar la dispersión.

Sin embargo, los manifestantes denunciaron golpes, empujones y el retiro de tiendas cuando todavía había personas en su interior. Pese al desalojo, anunciaron que regresarán a las plazas para celebrar asambleas y decidir cómo continuará el movimiento.

Una de sus principales propuestas es impulsar una huelga general ibérica por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre, con la participación de colectivos de Lisboa, Oporto y Madrid. Los organizadores también buscan establecer contactos con sindicatos portugueses para sumar respaldo a la iniciativa.

La protesta ocurre en medio del encarecimiento de la vivienda en Portugal. Según Eurostat, los precios aumentaron 16.5 por ciento interanual durante el segundo trimestre de 2026, frente al 4.7 por ciento registrado en el conjunto de la Unión Europea.

Mientras el Gobierno defendió la actuación policial, sectores de la oposición reconocieron el derecho de la ciudadanía a manifestar su inconformidad, siempre dentro del marco legal. Los activistas, por su parte, advirtieron que mantendrán la movilización hasta que sus demandas por una vivienda accesible sean escuchadas.