El grupo de campaña por las libertades civiles Liberty interpuso acciones legales contra el gobierno británico por una ley aprobada el año pasado que redujo el umbral de lo que se considera una perturbación grave de la vida comunitaria causada por una protesta.

La Ley de Orden Público de 2023 amplió la definición de perturbación grave de perturbación significativa y prolongada a individuos o una organización a más que menor.

Las autoridades introdujeron los cambios mediante un proceso llamado instrumento estatutario, que enfrenta menos escrutinio, después de que el Parlamento los rechazara anteriormente.

Las medidas estaban dirigidas a activistas ambientales que han organizado protestas perturbadoras en los últimos años en carreteras y caminos muy transitados en el Reino Unido y más allá para crear conciencia sobre la urgencia del cambio climático.

Los críticos dicen que el cambio fue parte de una preocupante restricción del derecho a protestar en Gran Bretaña.

Dos jueces dictaminaron que el Ministerio del Interior actuó fuera de sus competencias y no llevó a cabo un proceso de consulta justo.

Akiko Hart, directora de Liberty, dijo que el fallo era una “gran victoria para la democracia”. Sin embargo el gobierno dijo que estaba decepcionado con el fallo.