Las fuerzas de seguridad de Myanmar, un país gobernado por militares, arrestaron a una niña de seis años junto con otras 15 personas sospechosas de participar en el asesinato de un oficial retirado de alto rango del ejército, según informaron medios estatales.

El exgeneral de brigada Cho Tun Aung, de 68 años, recibió un disparo frente a su domicilio en el municipio de Mayangon, en Yangón, la ciudad más grande del país, el 22 de mayo.

Un grupo militante autodenominado Guerreros del Valle Dorado se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El asesinato de Cho Tun Aung, exembajador en Camboya, fue el último ataque contra figuras vinculadas al ejército gobernante desde que Myanmar se sumió en una guerra civil tras el derrocamiento del gobierno electo de Aung San Suu Kyi por parte del ejército en febrero de 2021.

Los 16 sospechosos —13 hombres y tres mujeres— fueron arrestados en cuatro regiones diferentes entre el 23 y el 29 de mayo, según informó el periódico estatal Global New Light of Myanmar. El periódico indicó que Cho Tun Aung fue asesinado a tiros mientras caminaba con su nieto.

Entre los arrestados se encuentra Lin Latt Shwe, la hija de seis años del presunto asesino, Myo Ko Ko, quien, según informes, tenía al menos otros tres alias. El periódico indicó que la niña y sus padres fueron arrestados en la ciudad de Bagan, en el centro del país.

Entre otros detenidos se encuentra el propietario de un hospital privado que presuntamente brindó atención médica al agresor, quien, según el periódico, sufrió una herida de bala durante el ataque.

Los Guerreros del Valle Dorado afirmaron en un comunicado publicado en Facebook poco después del asesinato que Cho Tun Aung había impartido clases de seguridad interna y contraterrorismo en la Escuela Nacional de Defensa de Myanmar y que, como tal, era cómplice de lo que, según el grupo, eran atrocidades cometidas durante la guerra civil.

Los blancos de los asesinatos suelen ser militares de alto rango, en activo o retirados, pero también se ha atacado a altos funcionarios públicos y funcionarios locales, además de socios comerciales de los generales gobernantes y presuntos informantes o colaboradores del ejército.

El ejército gobernante ha sido acusado de violaciones de derechos humanos a una escala mucho mayor, incluyendo bombardeos de aldeas que causaron múltiples muertes de civiles.