Una vez acordada con Christopher Landau la agenda para la reunión con Marco Rubio, quizá, mientras se preparase para viajar a Canadá a la conferencia del G-7, la Presidenta Claudia Sheinbaum deba seguir la recomendación de Catalina de Siena: “no te dejes llevar por excesivos consejos”.

Válida recomendación, porque ciertamente, en las actuales circunstancias, el tono de la relación bilateral, crucial para su sexenio, dependa del ambiente de la primera reunión cara a cara de la Presidenta Sheinbaum con Donald Trump, ergo, solo ella, la Presidenta, al encararlo, decidirá qué hacer y cómo.

Nadie tiene consejo válido, porque ningún político mexicano ha lidiado con el Trump del segundo mandato. Es Su sexenio, todo depende de ella. El liderazgo, decía Rockefeller, exige confianza en sí mismo para enfrentar los retos, pues si no creéis en vosotros mismo, nadie lo hará. Decisiva la cita en Canadá.

Pulsión autoritaria, desde la periferia

Ya aprobó en comisiones el Congreso de Puebla una ley que propone castigo desde once meses hasta tres años de prisión a quien insulte, ofenda, agravia o veje “de manera insistente” a otra persona a través de medios digitales como las redes sociales.

Dicen en Puebla que es la respuesta del Gobierno del Estado a una cuenta de X que, aunque tiene apenas 6,500 seguidores, lanza constantes críticas al gobernador Alejandro Armenta y ha atacado a la secretaria del deporte.

El diputado morenista José Luis García dice que no es censura, pero la clave es la ambigüedad del concepto “de manera insistente”, pues abre un océano de posibilidades represoras. Pulsión autoritaria que podría empezar en Puebla, aprobarse en otros Estados y, sin querer queriendo, convertirse en un arma represora más.

Polvos de los lodos de la Reforma Judicial

Con tantos fierros en la lumbre como tiene la Consejería Jurídica de la Presidencia, hasta el jueves reparó que la actual Suprema Corte de Justicia, la que se va en agosto, aún podrían discutir y resolver sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

La Presidencia de la República les pide a los actuales ministros, no cumplan con los acuerdos internacionales y no analicen la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México dejar de aplicar dicha figura.

Argumenta la Presidencia que dicho proyecto deben decidirlo los “ministros y ministras elegidos por el voto popular”, pero no puede forzar a la actual Suprema Corte, porque constitucionalmente tiene la facultad. Otro descuido causado por las prisas de la vindicativa Reforma Judicial.