Hace tres semanas, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Ahora que empieza a disiparse el polvo, es posible analizar las implicaciones, no solo para las instituciones sancionadas, sino para el sector financiero y empresarial mexicano.

En primera instancia, podría parecer un caso aislado y de importancia focalizada. Ninguna de estas tres entidades es sistémica: Intercam y CI Banco concentran apenas una pequeña fracción de los depósitos y créditos del país, operan principalmente en segmentos específicos y no representan un riesgo sistémico para la estabilidad del sistema financiero.

CI Banco sí era el principal fiduciario del país —un rol clave por la cantidad de instrumentos y contratos que se realizan a través de este tipo de vehículos, particularmente los CKD, utilizados por las Afores— pero el daño está contenido y, aunque el trámite puede ser engorroso, estos contratos se pueden trasladar a otras instituciones públicas o privadas. Por su parte, Vector Casa de Bolsa, aunque tiene cierta relevancia entre las casas de bolsa independientes, está lejos de figurar entre las instituciones bursátiles de mayor impacto en México.

El problema que revelan estas sanciones va mucho más allá de estas tres instituciones. Existe un riesgo real para una gran parte de las empresas mexicanas —y para la economía en su conjunto— si estas acciones del gobierno estadounidense continúan, como todo indica. Sobra decir que la economía mexicana está totalmente integrada y depende de la economía americana. Tenemos más de 800,000 millones de dólares de comercio, y prácticamente ninguna gran empresa mexicana opera sin transacciones diarias en dólares o con EU. En este contexto, sanciones como las recién anunciadas serían devastadoras para cualquier empresa en México. Esto es, por un lado, una buena noticia: es resultado de un proyecto exitoso de integración regional que lleva más de 30 años. Pero también implica riesgos.

Hoy, las empresas mexicanas —financieras o no— están expuestas a riesgos que están en la mira de las autoridades americanas, en parte por la omnipresencia del crimen organizado en nuestro país. En primer lugar, lavado de dinero. Es obvio que las organizaciones criminales buscan ingresar enormes cantidades de dinero a la economía formal, lo que pone en riesgo a instituciones bancarias, pero también a otro tipo de giros como remesas, construcción y restaurantes. En segundo lugar, todo lo relacionado al tráfico de fentanilo en conjunto con el comercio con China. Cualquier empresa que transaccione con empresas chinas que pudieran estar relacionadas al tráfico de precursores químicos enfrenta riesgos altísimos. Finalmente, está el aspecto migratorio.

Prácticamente todas las grandes empresas e instituciones financieras en México están en riesgo, no por participar en actividades ilícitas, sino por la posibilidad real de ser infiltradas o utilizadas por organizaciones criminales para lavar recursos o como parte de sus cadenas de valor. Ninguna gran empresa en el mundo, especialmente en México, puede sobrevivir sin acceso al sistema financiero ni sin realizar transacciones con EU; sería devastador. Este riesgo siempre ha existido, pero el nuevo énfasis de las autoridades estadounidenses crea una situación mucho más apremiante que debería tener en estado de alerta al gobierno mexicano y a las empresas que operan en México.