El gobierno de Donald Trump informó que aplicarán al juez del Supremo brasileño Alexandre De Moraes la Ley Magnitsky.

La ley autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, afirmó que es inaceptable la interferencia del gobierno de Estados Unidos en la justicia brasileña, tras la nueva sanción impuesta al juez de la Corte Suprema que lleva los casos del exmandatario Jair Bolsonaro.

Señaló que eno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y ante cualquier intento de debilitarlo se está constituyendo una amenaza al propio régimen democrático.

“La Justicia no se negocia”, dijo el mandatario en una nota titulada ‘Brasil es un país soberano y democrático”.

De Moraes es el juez instructor de los procesos abiertos contra Bolsonaro, entre ellos uno por liderar un complot golpista contra Lula, tras perder las elecciones de 2022, según la Fiscalía.

Lula se solidarizó con el juez y señaló que las sanciones están motivadas por la acción de políticos brasileños que traicionan al país en defensa de sus propios intereses, en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista y quien se encuentra en EU en busca de sanciones para ayudar a su padre.

En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas.

La Ley Magnitsky sanciona a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, además de imponer sanciones financieras, como bloquear los posibles bienes y propiedades, y prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.

Pero este no es el único golpe contra Brasil, pues Trump firmó la orden ejecutiva que establece un arancel del 50% para buena parte de las importaciones brasileñas. El republicano justificó esa sanción como una represalia al juicio contra Bolsonaro por golpismo.

A lo que Lula consideró injustificable el uso de argumentos políticos para validar el arancel. Y reiteró que su país sigue dispuesto a negociar los aspectos comerciales, sin renunciar a los instrumentos de defensa previstos en su legislación, que prevén poder responder con reciprocidad.

Lula también informó que está evaluando los impactos del arancel y las posibles acciones que tomará para apoyar y proteger a los trabajadores, las empresas y las familias brasileñas.