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La cárcel consta de 80 celdas, cada una con capacidad para hasta 10 reclusos. Las instalaciones incluyen literas, baño compartido, inodoro, ducha y agua potable purificada.

Filipinas ha inaugurado una nueva cárcel que pronto podría albergar a numerosos legisladores influyentes, funcionarios de obras públicas y otras personas implicadas en un masivo escándalo de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones, según declaró un alto funcionario el lunes.

La cárcel, que podría albergar hasta 800 detenidos en el área metropolitana de Manila, fue mostrada a los medios por el secretario del Interior, Jonvic Remulla, en el último intento del gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. por calmar la indignación pública por el escándalo.

Las anomalías han vinculado a decenas de congresistas, ingenieros gubernamentales y propietarios de empresas constructoras, y han provocado protestas callejeras en uno de los países más propensos a inundaciones de Asia. Remulla estimó que unos 200 funcionarios y otros sospechosos podrían ser acusados ​​por el Sandiganbayan, un tribunal especial anticorrupción para funcionarios gubernamentales.

Esto condujo a la decisión de construir una nueva cárcel para detener a sospechosos que podrían enfrentar meses o años de juicio, afirmó. Remulla prometió que los sospechosos, entre los que podrían incluirse exmiembros y miembros en ejercicio del Senado y la Cámara de Representantes, no recibirían un trato especial, como ha sucedido en el pasado con políticos condenados por delitos.

La cárcel consta de 80 celdas, cada una con capacidad para hasta 10 reclusos. Las instalaciones incluyen literas, baño compartido, inodoro, ducha y agua potable purificada. Al igual que en otros centros de detención, los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos de comunicación están prohibidos. Los detenidos tendrán acceso a sus abogados y a una enfermería, afirmó.

Las cárceles filipinas son conocidas por su hacinamiento e instalaciones inadecuadas. La población carcelaria aumentó especialmente durante la llamada guerra contra las drogas, iniciada por el expresidente Rodrigo Duterte, detenido por la Corte Penal Internacional en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con los asesinatos relacionados con el narcotráfico.

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