Residentes de la capital peruana vieron a más soldados y policías patrullando las calles el miércoles, el primer día del estado de emergencia decretado por el recién juramentado presidente José Jerí en un esfuerzo por controlar la delincuencia.

El amplio decreto suspendió varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de reunión y protesta, al tiempo que prohibía actividades cotidianas como la de dos adultos en motocicleta. También limitó las visitas a los presos y permitió cortes de electricidad en las celdas, excepto la iluminación.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre después de que los legisladores destituyeran a la entonces presidenta Dina Boluarte, en parte por su incapacidad para frenar el aumento de la delincuencia en el país sudamericano. Declaró el estado de emergencia una semana después de que una protesta masiva que exigía su renuncia se tornara violenta, con un manifestante muerto a manos de la policía y otro civil sufriendo una grave fractura de cráneo.

Sin embargo, los peruanos expresaron escepticismo sobre el decreto de Jerí, ya que medidas similares promulgadas por Boluarte resultaron ineficaces.

El gobierno de Boluarte declaró el estado de excepción en marzo, que se extendió hasta mayo. La medida fue duramente criticada por su ineficacia para combatir a los grupos criminales que extorsionan a pequeños comercios y asesinan a trabajadores del transporte público, a veces incluso delante de los pasajeros.

Perú ha experimentado un aumento en los índices de delincuencia en los últimos años. Los homicidios aumentaron de 676 casos en 2017 a 2082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2305 en 2020 a 21 746 el año pasado, según datos del gobierno. La mayoría de las víctimas pertenecen a la clase trabajadora.