El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad nuevas medidas para investigar y sancionar ataques contra fuerzas de paz desplegadas en el mundo.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución impulsada por Pakistán y Dinamarca que busca reforzar los mecanismos de justicia internacional ante ataques contra personal de mantenimiento de la paz.
De acuerdo con cifras del organismo, más de mil 100 cascos azules han muerto desde 1948 en el cumplimiento de su deber, mientras que miles más han resultado heridos en distintas misiones alrededor del mundo, principalmente en África y Medio Oriente.
La resolución establece que el secretario general de la ONU, António Guterres, podrá coordinar la recopilación de evidencia tras ataques violentos, así como facilitar investigaciones y procesos judiciales en los países donde ocurran estos hechos.
El objetivo central es cerrar los vacíos legales que han permitido que la mayoría de estos crímenes queden sin castigo, ya que la tasa de enjuiciamiento internacional sigue siendo baja pese a la gravedad de los ataques.
La embajadora de Dinamarca ante la ONU, Christina Lassen, afirmó que la resolución envía un mensaje claro a los agresores: los ataques contra cascos azules no quedarán en la impunidad y serán perseguidos por la comunidad internacional.
En la misma línea, el embajador de Pakistán, Asim Ahmad, advirtió que los ataques contra fuerzas de paz han aumentado en número y sofisticación, lo que hace urgente fortalecer la respuesta internacional.
La ONU recordó que desde 2020 se han logrado avances importantes, incluyendo más investigaciones nacionales, detenciones y condenas en casos relacionados con ataques a personal de paz en países como la República Centroafricana, República Democrática del Congo, Líbano y Mali.
El portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, celebró la aprobación de la resolución, aunque advirtió que aún existen desafíos importantes para garantizar justicia plena.
Finalmente, el documento solicita al secretario general presentar en un plazo de 120 días un informe con opciones para fortalecer la rendición de cuentas y cerrar las brechas que aún persisten en la protección de los cascos azules.
