El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió que el referéndum convocado en la provincia de Alberta para el próximo 19 de octubre representa un proceso con potenciales consecuencias políticas y económicas de gran alcance, al señalar que una eventual separación de la provincia podría desencadenar un escenario similar al vivido por el Reino Unido tras el Brexit.

Durante una conferencia de prensa en Ottawa, el mandatario calificó la consulta como un “peligroso farol” y sostuvo que los procesos de independencia suelen presentar soluciones aparentemente sencillas para problemas complejos, sin explicar plenamente los costos económicos, jurídicos y sociales que implicaría abandonar la federación canadiense.

Carney recordó que la experiencia del Brexit demostró cómo un referéndum puede abrir años de incertidumbre política, renegociaciones comerciales, conflictos legales y afectaciones a la confianza de inversionistas y mercados financieros.

El primer ministro aseguró que el debate separatista ya comienza a reflejarse en la economía de Alberta, una de las provincias con mayor producción petrolera y de gas natural del país, donde diversos sectores empresariales han expresado preocupación por el impacto que tendría una posible ruptura con el resto de Canadá.

El estudio también prevé posibles pérdidas de miles de millones de dólares en inversión privada, disminución de la actividad económica, incremento en los costos comerciales, afectaciones al empleo y una reducción significativa del Producto Interno Bruto provincial en caso de prolongarse la incertidumbre.

La consulta, promovida por el gobierno de Alberta, contempla diez preguntas, entre ellas una relacionada con la permanencia de la provincia dentro de la federación canadiense o el inicio de un proceso constitucional hacia una eventual independencia. Aunque el ejercicio no tendrá efectos jurídicamente vinculantes, su resultado podría influir en el futuro del debate político nacional.

El anuncio ha intensificado las diferencias entre el gobierno federal y las autoridades provinciales, mientras especialistas en derecho constitucional señalan que una eventual separación requeriría complejas negociaciones con el Parlamento canadiense, las demás provincias y diversos organismos federales, un proceso que podría extenderse durante varios años.