El gobierno de Estados Unidos inició una nueva ofensiva diplomática contra la Corte Penal Internacional (CPI), con el objetivo de reducir su influencia internacional y presionar a países aliados para que abandonen el organismo judicial.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció una campaña para desmantelar la institución, a la que acusó de representar una amenaza para la soberanía de Estados Unidos al investigar posibles responsabilidades de militares y funcionarios estadounidenses.

“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense”, declaró Rubio, quien señaló que el tribunal intenta ejercer una autoridad que, a su juicio, no le corresponde sobre ciudadanos y servidores públicos de su país.

Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado internacional que dio origen a la CPI. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump ha mantenido una postura crítica contra la Corte, especialmente por investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán y procesos contra funcionarios israelíes.

Como parte de la nueva estrategia, el Departamento de Estado contempla ampliar sanciones contra integrantes de la CPI, restringir el acceso de funcionarios del tribunal al territorio estadounidense y aumentar la presión diplomática sobre países aliados para que rechacen sus acciones.

Washington también planea convocar a embajadores y representantes extranjeros para exponer lo que considera “abusos” de la Corte y solicitar que reconsideren su participación en el organismo.

Rubio afirmó que la CPI busca convertirse en un “árbitro global sin rendición de cuentas” y aseguró que Estados Unidos trabajará junto con sus aliados para limitar su capacidad de acción internacional.