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Marina Robles García y el gobernador Joaquín Díaz Mena supervisaron proyectos para transformar la macroalga en bioinsumos.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impulsa en Yucatán una estrategia para aprovechar de manera sustentable el sargazo y fortalecer la restauración de los ecosistemas costeros.

En representación de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, visitó el Centro de Tecnologías y Ciencias del Agua y de las Algas, así como la Planta de Implementaciones Estratégicas Marinas, instalaciones con capacidad para transformar hasta 20 mil toneladas de sargazo y otras materias orgánicas en bioinsumos y sistemas para el tratamiento de agua, bajo un modelo de economía circular.

Acompañada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, Robles García destacó la necesidad de incorporar al sector pesquero en el diseño de estrategias para la recolección y aprovechamiento de la macroalga, además de promover la participación de productores y posibles compradores.

La funcionaria señaló que también se analizan esquemas de financiamiento, mediante la banca pública o privada, que permitan impulsar proyectos relacionados con el aprovechamiento del sargazo.

Por su parte, Díaz Mena informó que en Yucatán ya se trabaja en la producción de biofertilizante líquido a partir de sargazo, con la posibilidad de utilizarlo en beneficio de productores citrícolas como alternativa a los fertilizantes convencionales.

Durante la visita, autoridades federales y estatales supervisaron el Programa de Manejo Integral de Playa en la Costa Norte, tramo Progreso-Telchac. Robles García destacó que, por instrucción de la secretaria Alicia Bárcena, la restauración de playas y zonas costeras es una prioridad.

Asimismo, el gobernador informó sobre proyectos habitacionales en la zona de Flamboyanes, Puerto Progreso, diseñados para respetar los manglares y humedales, con beneficios para comunidades de los puertos de Chuburná, Chicxulub, Chelem y San Felipe.

Ambos gobiernos coincidieron en fortalecer la coordinación institucional para avanzar en la conservación ambiental, el aprovechamiento sustentable de los recursos y el desarrollo de alternativas productivas para las comunidades costeras.

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