La justicia colombiana ordenó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella suspender temporalmente los bombardeos contra campamentos de grupos armados cuando exista información de inteligencia o alertas sobre la posible presencia de menores de edad.

La medida fue dictada por un juzgado de San José del Guaviare, en medio de la polémica generada por dos recientes ataques aéreos ordenados por el gobierno en ese departamento amazónico. Los operativos dejaron al menos 33 integrantes de una disidencia de las FARC muertos.

La controversia aumentó luego de que Medicina Legal confirmara que entre las víctimas del primer bombardeo había tres menores de entre 15 y 16 años. Todavía no se determina si existen adolescentes entre los fallecidos del segundo operativo.

El gobierno de De la Espriella, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto y mantiene una estrategia de línea dura contra los grupos vinculados con el narcotráfico, sostiene que las operaciones se realizaron dentro de los parámetros legales. El presidente, además, ha defendido los ataques contra organizaciones que reclutan menores y los utilizan como combatientes o escudos humanos.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición han cuestionado la estrategia militar. El ciudadano que presentó el recurso judicial, Roxemhberg Rozo, sostuvo que el Estado debe combatir a los grupos armados, pero no puede hacerlo poniendo en riesgo la vida de los menores que son obligados a integrar sus filas.

La preocupación no es menor. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2025 fueron reclutados 428 menores por grupos armados en Colombia, mientras que hasta el 31 de julio de este año ya se contabilizaban 97 casos.

La decisión judicial permanecerá vigente mientras se resuelve de fondo el recurso presentado contra el gobierno y las Fuerzas Militares, en un debate que vuelve a poner en el centro los límites de las operaciones militares contra estructuras armadas que utilizan a menores de edad.