Una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública terminó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Buenos Aires, Argentina. Durante los disturbios, ocurridos el jueves 15 de octubre, se registraron lanzamientos de piedras, gases lacrimógenos y chorros de agua frente al Congreso.

La movilización reunió a miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, además de sindicatos, organizaciones sociales, jubilados y partidos políticos opositores. Los participantes exigieron al presidente Javier Milei cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización de salarios docentes, la recuperación de becas estudiantiles y mayores recursos para las instituciones educativas.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional, los enfrentamientos dejaron al menos 25 personas detenidas y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. Según el diario Clarín, la protesta transcurría con normalidad hasta que un grupo de encapuchados provocó incidentes frente al cerco de la Gendarmería Nacional.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, condenó los disturbios y acusó a los responsables de intentar generar caos. Mientras tanto, los manifestantes continuaron reclamando mejores condiciones para las universidades, afectadas por las políticas de ajuste presupuestario.

El conflicto ocurre después de meses de paros, protestas y resoluciones judiciales que exigen al Gobierno aplicar la ley, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada tras el veto presidencial. El Ejecutivo argumenta que la normativa no establece con claridad de dónde se obtendrán los recursos para financiarla.

Un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires señala que los recursos destinados a las universidades disminuyeron 40.5% en términos reales durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Representantes del sector también advierten sobre la pérdida de personal académico. Distintos informes estiman que al menos 10 mil docentes e investigadores han renunciado desde el inicio de la administración de Milei, debido, entre otros factores, a los bajos salarios.

La jornada se convirtió en la quinta marcha federal universitaria durante el mandato del presidente argentino y refleja la creciente tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa por el presupuesto y el futuro de la educación superior pública.