El descontento social continúa extendiéndose por Europa, donde las dificultades económicas, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida del poder adquisitivo han impulsado manifestaciones en Portugal, Francia, Italia, España y Bélgica. Las movilizaciones también anticipan nuevas jornadas de protesta y huelgas previstas para noviembre.

En Portugal, miles de personas se manifestaron en Lisboa, Oporto y Coimbra, convocadas por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP). Entre sus principales demandas destacan un aumento salarial del 15 por ciento, mejores pensiones, el fortalecimiento de la sanidad pública y medidas para contener el costo de los alimentos y la vivienda.

Las protestas también expresaron el rechazo a las políticas económicas del gobierno de Luís Montenegro y al proyecto presupuestario para 2027. En Lisboa, algunos manifestantes instalaron tiendas de campaña en la plaza del Rossio para visibilizar las dificultades de acceso a una vivienda. La central sindical anunció otra movilización frente al Parlamento para el 24 de noviembre.

Francia registró manifestaciones de estudiantes, trabajadores, agricultores, sindicatos y participantes del movimiento de los chalecos amarillos. Las movilizaciones comenzaron con reclamos por la falta de recursos educativos y se extendieron hacia cuestiones como la desigualdad, los salarios y el gasto público. En ciudades como París, Marsella, Rennes y Toulouse se reportaron enfrentamientos con la policía, detenciones y daños materiales. En Limoges, un incendio afectó gravemente parte del edificio histórico del ayuntamiento.

En Italia, las protestas se extendieron por Milán, Turín, Bolonia y Roma. Los participantes exigieron mejores salarios, servicios públicos sólidos y una reducción del gasto militar. En Milán se registraron algunos de los episodios más tensos, con barricadas y enfrentamientos en los que las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua.

En Roma, una movilización encabezada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) reunió a miles de personas y organizaciones civiles. Su secretario general, Maurizio Landini, anunció una huelga general para el 20 de noviembre. La primera ministra, Giorgia Meloni, reconoció el derecho a manifestarse, aunque condenó los actos violentos.

En España, las demandas se concentraron también en el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda, mientras que en Bélgica jóvenes marcharon hacia instalaciones de la Unión Europea para reclamar mayores recursos educativos y mejores oportunidades laborales. En Bruselas se reportaron enfrentamientos y afectaciones a la circulación.

Aunque cada país presenta circunstancias particulares, las movilizaciones comparten una preocupación central: la dificultad de cubrir necesidades básicas con los ingresos actuales. La convocatoria de nuevas protestas mantiene la presión sobre los gobiernos europeos, que enfrentan crecientes exigencias para responder al malestar de trabajadores, estudiantes y familias.