El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un programa de incentivos por 25 millones de dólares para recompensar a quienes denuncien casos de fraude contra fondos públicos, una iniciativa que presentó como parte de su estrategia para combatir la corrupción, en medio de crecientes cuestionamientos sobre sus propios intereses económicos.

Acompañado por el vicepresidente J. D. Vance, el mandatario explicó que el plan permitirá presentar denuncias a través del portal oficial fraud.gov. Las personas cuya información contribuya a una condena por fraude o a una acción federal significativa podrán recibir hasta 30 mil dólares, de acuerdo con los criterios del programa.

Trump aseguró que su administración busca impedir el robo de recursos de los contribuyentes y acusó a sus adversarios demócratas de utilizar la corrupción como herramienta política. El anuncio ocurre en la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control del Congreso.

La corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, según sondeos citados en el debate electoral. En ese escenario, la Casa Blanca busca proyectar una imagen de firmeza frente al fraude y las irregularidades en el uso de recursos federales.

Sin embargo, el anuncio también se produce mientras crecen las críticas contra las actividades empresariales del presidente. Entre los señalamientos de los demócratas figuran los negocios de criptomonedas vinculados a su familia, una inversión de 500 millones de dólares de capital emiratí en una empresa relacionada con ese sector y la donación de un avión de Qatar valuado en unos 400 millones de dólares, posteriormente utilizado como nuevo Air Force One.

También enfrenta cuestionamientos por el cobro de acceso privilegiado a publicaciones de su red social Truth Social. La Freedom of the Press Foundation presentó una denuncia judicial en la que acusó al mandatario de beneficiarse económicamente al ofrecer información gubernamental que podría influir en los mercados.

Aunque estos señalamientos han alimentado las sospechas de posibles conflictos de interés, el texto original no reporta un proceso judicial abierto contra Trump por esos asuntos.

La administración ya había creado en marzo un grupo de trabajo para combatir el fraude en programas federales y ayudas públicas. No obstante, sus críticos sostienen que las investigaciones también podrían servir para justificar recortes en programas sociales.