Dina Boluarte, presidenta de Perú decretó un toque de queda en la zona andina de Pataz, tras el asesinato de 13 trabajadores de una pequeña mina de la productora de oro Poderosa fueran asesinados por mineros ilegales, luego de varios días secuestrados.

Tras el descubrimiento de los cuerpos, la presidenta ordenó la suspensión de toda actividad minera en la provincia por 30 días, con el fin de evitar nuevas muertes.

Desde el Ministerio de Energía y Minas señalaron que podría prorrogarse este periodo. Boluarte pidió a las mineras que operan en la provincia que no subcontraten las concesiones porque esos también subcontratan a terceros y se pierde el control de quiénes son los que están en la actividad minera.

De acuerdo a la mandataria, las concesiones formales como Poderosa, Horizonte, Marsa, Santa Bárbara y Caraveli han sido objeto de actos violentos que han costado la vida de varios trabajadores en diferentes momentos.

Julia Torreblanca, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo declaró que las autoridades no debían penalizar a la minera legal, se debería investigar a todos aquellos que están fuera de la ley o están vinculados a actividades criminales

A esto se sumó un ejecutivo de Poderosa, quien enfatizó que la suspensión de actividades debería ser aplicable únicamente a los mineros informales.

Los cuerpos de los trabajadores de la minera artesanal R&R, que mantiene un contrato de explotación con Poderosa, una de las mayores productoras de oro del país, fueron rescatados por la policía durante el domingo.

El secuestro y posterior asesinato se produjo en una pequeña mina artesanal que opera dentro del área de concesión de Poderosa, en la provincia de Pataz.

Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) condenaron el crímen y demandaron a las autoridades “que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley”.

Con este hecho se evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales”, agregó la institución.

También criticó que el Gobierno, a la fecha, no haya aprobado el plan de lucha contra la actividad ilegal y menos aún su presupuesto. La empresa denunció que 39 personas, entre colaboradores y mineros artesanales, han sido asesinadas por bandas criminales que tomaron el control de Pataz.

La empresa solicitó al Gobierno replantear su estrategia para enfrentar la criminalidad, incluyendo la intervención de la policía en bocaminas ilegales en donde se esconden y operan los grupos armados responsables de los ataques.