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Trump se ha negado hasta ahora a ejercer más presión sobre Moscú, lo que ha causado consternación entre los aliados europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado un nuevo proyecto de ley que se abre paso rápidamente en el Senado estadounidense y que impondría amplias sanciones a Rusia, en un intento de obligar al Kremlin a entablar negociaciones serias para una paz duradera en Ucrania, a pesar de que la ley podría causar estragos económicos en varios países de la Unión Europea.

El proyecto de ley, promovido por Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, y Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, ha acumulado más de 80 firmas en la cámara de 100 escaños, una impresionante cantidad de apoyo bipartidista que podría ayudar a convencer al presidente Donald Trump de que siga adelante con el plan.

Trump se ha negado hasta ahora a ejercer más presión sobre Moscú, lo que ha causado consternación entre los aliados europeos, que han prometido avanzar con restricciones por su cuenta.

Tras una buena reunión con el senador Graham, Von der Leyen sugirió que el proyecto de ley funcione en tándem con el próximo paquete de sanciones de la UE, destinado a atacar el sector financiero de Rusia, la “flota en la sombra” y los gasoductos Nord Stream.

Bruselas también quiere rebajar el tope de precios del G7 sobre el petróleo ruso transportado por mar, que se ha mantenido intacto en 60 dólares por barril desde su introducción a finales de 2022.

La presidenta de la Comisión Europea dejó claro el objetivo: necesitamos un alto el fuego real, necesitamos a Rusia en la mesa de negociaciones y necesitamos poner fin a esta guerra. La presión funciona, ya que el Kremlin no entiende otra cosa, señaló su oficina.

También introduciría aranceles secundarios no inferiores al 500% sobre cualquier país que a sabiendas venda, suministre, transfiera o compre petróleo, uranio, gas natural, productos derivados del petróleo o productos petroquímicos originarios de la Federación Rusa.

Esta disposición golpearía duramente a varios Estados miembros que siguen dependiendo de Moscú para sus necesidades energéticas. A día de hoy, Francia, España, Bélgica, Países Bajos y Portugal compran gas natural licuado (GNL) ruso; Italia, Grecia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria compran gas ruso por gasoducto; y Hungría y Eslovaquia compran petróleo ruso por gasoducto.

Además, cinco países -Bulgaria, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Finlandia- operan reactores nucleares de fabricación rusa que dependen de combustibles específicos de este país.

Sin embargo, el proyecto de ley incluye una cláusula que permitiría al presidente de EE.UU. eximir a determinados países, bienes y servicios del arancel del 500% mediante una exención única, siempre que ello esté justificado por “intereses de seguridad nacional”.

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