Corea del Sur enviará un avión fletado a Atlanta el miércoles para repatriar a los trabajadores detenidos en una gran redada de inmigración la semana pasada en una planta de baterías de automóviles en el estado estadounidense de Georgia, según informó un portavoz de Korean Air.

El presidente Lee Jae Myung afirmó que Seúl negociará con Washington para lograr una solución razonable a la situación, basada en el espíritu de su alianza, y añadió en una reunión de gabinete que sentía una “gran responsabilidad” por los ciudadanos detenidos.

Un Boeing 747-8i de Korean Air, con 368 asientos, volará desde Incheon, Corea del Sur, a Atlanta, según el portavoz. Durante la redada de inmigración estadounidense, cerca de 300 surcoreanos fueron arrestados junto con otros 175 en las instalaciones del proyecto Hyundai Motor, de 4.300 millones de dólares, y LG Energy Solution, para fabricar baterías para coches eléctricos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, se encuentra en Washington para negociar, entre otros puntos, la búsqueda de garantías de que los coreanos que regresaron a su país podrán reingresar a Estados Unidos.

La redada causó conmoción en Corea del Sur, un aliado de Estados Unidos que ha estado intentando concretar un acuerdo comercial con Washington en julio.

Una encuesta de opinión de Realmeter publicada el martes mostró que casi el 60% de los surcoreanos se sintieron decepcionados por lo que consideraron una acción excesiva de las autoridades estadounidenses en la redada, mientras que alrededor del 30% la consideró inevitable. Dos ciudadanos japoneses y hasta nueve ciudadanos chinos se encontraban entre los detenidos, según informó el diario económico Nikkei.

James Rim, director de la Asociación Coreano-Americana del Sureste de Georgia y administrador de pensiones utilizadas por trabajadores coreanos cerca de la planta de Hyundai, declaró que dos de sus residentes fueron detenidos tras descubrirse que se encontraban bajo un programa de exención de visado que les prohíbe trabajar en el país.

Ni las autoridades ni las empresas implicadas han revelado detalles sobre cómo se pudieron haber infringido las normas de inmigración estadounidenses, pero legisladores surcoreanos afirman que algunos podrían haber sobrepasado los límites de un programa de exención de visado de 90 días o de una visa de negocios temporal B-1.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cho, afirmó que discutiría con Washington la creación de un permiso de trabajo especial para profesionales coreanos. Las empresas coreanas se han quejado de lo que consideran estrictos límites en Estados Unidos para las visas de trabajadores extranjeros cualificados, lo que les dificulta supervisar la construcción de fábricas o capacitar a la mano de obra local.

Según trabajadores, funcionarios y abogados, muchos trabajadores surcoreanos fueron enviados a Estados Unidos con documentación cuestionable, a pesar de sus dudas y advertencias sobre una aplicación más estricta de las leyes de inmigración estadounidenses.

Tras la redada, Rim afirmó que algunos de los 20 subcontratistas que trabajaban en la planta y que también se alojaban en su casa de huéspedes habían regresado a Corea del Sur antes de lo previsto.