El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que el Gobierno federal no podrá aplicar la Ley de Claridad en la consulta que realizará la provincia de Alberta sobre un posible proceso hacia la independencia.

La legislación, creada tras el referéndum soberanista de Quebec de 1995, permite al Parlamento canadiense determinar si una consulta separatista cumple con los requisitos legales y democráticos necesarios para iniciar negociaciones de secesión.

Sin embargo, expertos legales señalaron que la consulta promovida por la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, no plantea directamente abandonar Canadá, sino abrir el camino para un eventual referéndum vinculante en el futuro.

Aun así, Carney advirtió que una eventual separación no podría definirse simplemente con el 50 por ciento más uno de los votos, y subrayó que la Ley de Claridad exige una mayoría clara y una expresión contundente de la voluntad ciudadana.

Las declaraciones surgen luego de que una encuesta revelara que el 60 por ciento de los habitantes de Alberta votaría en contra de iniciar el proceso independentista, mientras que el apoyo a la permanencia dentro de Canadá alcanzaría hasta el 67 por ciento en una consulta directa.

El debate soberanista ha tomado fuerza en Alberta por el descontento de sectores conservadores con las políticas federales sobre energía y cambio climático. La provincia, una de las más ricas del país por sus reservas petroleras, acusa desde hace años a Ottawa de frenar el desarrollo de su industria energética.

Carney calificó la convocatoria de la consulta como un farol muy peligroso y comparó el escenario con el Brexit y los referendos independentistas de Quebec.