La Administración de Donald Trump presiona agresivamente para deportar a más inmigrantes durante el primer año del presidente de vuelta en el cargo, un número aspiracional sigue apareciendo en conversaciones privadas, según cuatro funcionarios federales actuales y anteriores con conocimiento directo de los planes: un millón.

Con la deportación de un millón de inmigrantes en un año superaría ostensiblemente las estadísticas anteriores, ya que la cifra más alta hasta ahora fue de más de 400.000 al año, cuando Barack Obama era presidente.

Los analistas dicen que las estadísticas disponibles hacen que ese objetivo parezca poco realista -si no imposible- teniendo en cuenta la financiación, los niveles de personal y el hecho de que la mayoría de los inmigrantes tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.

El asesor de la Casa Blanca Stephen Miller ha estado elaborando estrategias casi a diario con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para alcanzar ese objetivo. Una de las estrategias para aumentar rápidamente las cifras, es encontrar formas de deportar a algunos de los 1,4 millones de inmigrantes que tienen órdenes de deportación definitivas, pero que no pueden ser expulsados porque sus países de origen no los aceptan de vuelta.

Además de que Estados Unidos está negociando con hasta 30 naciones para que acojan a deportados que no son ciudadanos suyos, este intentó sería el esfuerzo más ambicioso hasta ahora, ya que Trump intenta llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos.

Los funcionarios ya han comenzado a enviar a personas a países donde no son ciudadanos, incluidos México, Costa Rica y Panamá, y al menos un inmigrante fue enviado a Ruanda este mes, aunque eso fue después de extensas negociaciones entre sus abogados y la Administración Biden.

El portavoz de la Casa Blanca Kush Desai dijo en un correo electrónico que la Administración Trump tenía el mandato de los votantes para reparar el manejo de su antecesor en lo que respecta a la seguridad fronteriza y la aplicación de la inmigración.

Durante su campaña, Trump dijo que quería deportar a millones de inmigrantes, y el vicepresidente JD Vance dijo el año pasado que podrían empezar con un millón. Sus propias cifras, sin embargo, muestran que eso no es tan sencillo.

La mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración antes de poder ser expulsados, incluidos los delincuentes, y con los retrasos actuales, estos pueden tardar meses o años en resolverse.

Los funcionarios de Trump han hecho un espectáculo de enviar a cientos de detenidos a una mega prisión en El Salvador y a la base naval de Guantánamo, en Cuba, pero esos son solo una pequeña fracción de los que están en el país ilegalmente.

Y los 1,4 millones de personas con órdenes de expulsión pendientes pueden ser difíciles de encontrar, a pesar de un bombardeo multiagencial que ha reclutado al FBI, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y otras agencias para ayudar a los funcionarios de inmigración a detener y deportar a los inmigrantes.

Los funcionarios de Trump han pedido al Congreso que apruebe un importante proyecto de ley presupuestario para ampliar la aplicación de las leyes de inmigración aunque, incluso si el Congreso aprueba la iniciativa, aún se deberá contratar a más oficiales, firmar contratos de detención y gestionar vuelos chárter.

A finales de marzo, la portavoz del DHS Tricia McLaughlin dijo que los funcionarios habían deportado a más de 100.000 inmigrantes, aunque más tarde aclaró que esas cifras eran una mezcla de detenciones de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el interior de Estados Unidos, y de Aduanas y Protección Fronteriza.

Una de las principales razones por las que es poco probable que el Gobierno de Trump alcance el millón de deportaciones es que los cruces fronterizos ilegales se han desplomado y, tradicionalmente, han constituido la mayoría de las expulsiones.

Después de que el Presidente enviara cientos de tropas a la frontera, los ingresos irregulares se desplomaron a poco más de 7.000 en marzo, el más bajo en décadas.

El ICE parece en camino de detener a casi 240.000 inmigrantes este año fiscal, más del doble que el año anterior, sumó, aunque reconoció que la agencia, al ritmo actual, expulsaría unas 212.000 personas, menos que las 271.484 deportaciones del año fiscal pasado, la mayoría de las cuales fueron detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera sur.

Jueces federales de Texas y Nueva York han bloqueado los intentos de la Administración de utilizar una ley de poderes de guerra para deportar sin audiencia a presuntos miembros de bandas venezolanas.