Se formó una coalición por los fiscales generales de doce estados de Estados Unidos que presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump. Este recurso legal fue interpuesto ante el Tribunal de Comercio Internacional con la intención de detener una serie de aranceles que, según los demandantes, fueron impuestos de forma ilegal. Los fiscales informaron que consideran que estas medidas comerciales, promovidas por órdenes ejecutivas del presidente, afectan directamente a la economía de sus estados y a los ciudadanos que viven en ellos.

La demanda se enfoca en frenar el aumento de impuestos a productos importados, entre ellos: el 145% impuesto a productos procedentes de China, también el 25% en aranceles a bienes provenientes de México y Canadá, se incluye el 10% adicional a artículos importados desde otros países, además del plan para elevar tarifas a importaciones de 46 países más a partir del 9 de julio.

Aseguran los estados que estas acciones se tomaron sin consultar al Congreso y sin el respaldo legal necesario.

Dan Rayfield, fiscal de Oregón, explicó que no está dispuesto a aceptar medidas que, según él, dañan a las familias y negocios locales. “Estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de contrarrestarlos”.

Kris Mayes, fiscal de Arizona, también se sumó a la denuncia al señalar que el plan del presidente Trump es, además de imprudente, contrario a la ley.

La coalición mencionó que varios estudios indican que, en el pasado, la mayoría del costo de los aranceles impuestos por el Gobierno terminó siendo cubierto por los propios consumidores estadounidenses.

También se mencionaron informes de instituciones como la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional, los cuales prevén un aumento en la inflación si estas nuevas tarifas entran en vigor.

Además de Oregón y Arizona, participaron en la demanda los fiscales de los estados de: Colorado, Connecticut,

Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont

Todos ellos coinciden en que las medidas comerciales amenazan el desarrollo económico regional y nacional.

Esta acción colectiva se presentó días después de que el estado de California también interpusiera una demanda con argumentos similares. En ambos casos, los fiscales sostienen que el presidente no puede aplicar aranceles de forma unilateral sin pasar por el Congreso.

El Tribunal de Comercio Internacional será el encargado de revisar los argumentos presentados y tomar una decisión. Se espera que en las próximas semanas haya una primera resolución.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial sobre las demandas. Los estados involucrados continúan con el proceso legal en espera de una respuesta formal por parte del Gobierno federal.