La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la violencia sexual utilizada como arma de guerra registra un incremento sin precedentes en los conflictos armados alrededor del mundo. De acuerdo con el informe anual del organismo, los casos confirmados aumentaron más de 100 por ciento respecto a 2024, reflejando un escenario cada vez más preocupante para la población civil.

Pramila Patten, representante especial del secretario general de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos, señaló que más del 90 por ciento de las víctimas documentadas son mujeres y niñas, aunque también se han identificado numerosos casos contra hombres y niños en distintos escenarios de guerra.

Según el reporte, Haití encabeza la lista de países con mayor número de casos verificados, con mil 863 víctimas, seguido por la República Democrática del Congo, con mil 534, y Sudán, con 501. No obstante, la ONU advirtió que estas cifras representan únicamente los casos que pudieron ser confirmados, por lo que el número real podría ser considerablemente mayor.

Patten también destacó la incorporación de Israel y Rusia a la lista de países señalados por utilizar la violencia sexual como táctica de conflicto. En el caso de Israel, Naciones Unidas documentó 31 casos atribuidos a sus fuerzas de seguridad, principalmente en centros de detención de palestinos, mientras que en Rusia fueron verificados 310 casos presuntamente cometidos por fuerzas militares durante la guerra en Ucrania.

La funcionaria explicó que en ambos casos los gobiernos ignoraron las recomendaciones emitidas previamente por el Consejo de Seguridad de la ONU para prevenir este tipo de violaciones, situación que derivó en su inclusión dentro del informe anual.

La representante de la ONU también expresó preocupación por el impacto de los recortes financieros que enfrenta el organismo, principalmente tras la reducción de aportaciones de Estados Unidos, al señalar que han obligado al cierre de cientos de centros de atención para víctimas en países como Afganistán, Mali, Somalia, República Centroafricana, Palestina y Yemen.

De acuerdo con Patten, la disminución de recursos ha limitado el acceso de miles de sobrevivientes a servicios médicos, apoyo psicológico y atención especializada, particularmente durante las primeras 72 horas posteriores a una agresión, periodo considerado fundamental para prevenir embarazos no deseados y atender otras consecuencias físicas y emocionales.