La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de la Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles en la Ciudad de México, que incluye el fortalecimiento institucional e iniciativas de reformas legales para sancionar, con hasta 22 años de prisión, a quienes incurran en este delito, además de establecer un blindaje contra la corrupción y el uso de documentos apócrifos, todo con la finalidad de proteger a las personas, su patrimonio y sus derechos.

Brugada Molina explicó que la estrategia incluye las acciones del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, el cual revisa los casos de la ciudadanía y está integrado por diversas dependencias capitalinas, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial local.

Anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno, y refirió que en los próximos días se enviarán al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumentar las penas por despojo y sus agravantes, sanciones que alcanzarán entre 11 y 22 años de prisión.

Añadió que se implementarán penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial, y se crearán mecanismos de protección cautelar. La estrategia –dijo– combina esfuerzos para el fortalecimiento institucional y mecanismos para que la población pueda ser asesorada y apoyada.

La mandataria capitalina sostuvo que cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad y la seguridad de las familias, y defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas en esta ciudad.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se reformará el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar el despojo con penas de seis a 11 años de prisión en su tipo base, y de 12 a 22 años de prisión cuando existan agravantes.

Entre las nuevas agravantes están las siguientes: cuando participen personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral. También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.

La fiscal informó que este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que la nueva Unidad Operativa Especializada en Despojos proveerá los insumos necesarios para atender los casos, y trabajará de forma coordinada con el gabinete de esta materia. En ese sentido, dijo que se atienden los casos de la población conforme a un protocolo que se inicia con la recepción de información, la revisión e integración del expediente, y a partir de ello el gabinete determina las acciones a realizar para recuperar los inmuebles.