Mientras el interés de la prensa se concentraba en los efectos destructivos de los aranceles impuestos por el presidente Trump, este sábado la sociedad civil de Estados Unidos empezó a salir del shock y manifestó su creciente malestar en ciudades grandes y pequeñas de los 50 estados, incluso en zonas conservadoras como Utah y Alabama. Cinco millones de personas de muy diversas ocupaciones y posturas políticas, incluso votantes republicanos, salieron a las calles bajo el lema común “¡Saquen las manos!” (“Hands off”), en defensa del seguro social, la diversidad, la educación, los derechos laborales, la libertad de expresión, pensamiento e investigación…

La mayoría de los principales diarios de ese país minimizaron estas movilizaciones. Evitaron ver en ellas una primera respuesta social a la política de la crueldad de la tecno-autocracia que ha tomado por asalto tanto el sistema económico internacional como la estructura del gobierno y las instituciones democráticas de Estados Unidos. O se autocensuraron. Al pasar por alto estas protestas, los medios tradicionales pretenden ignorar el poder de la resistencia civil, como si “olvidaran” la larga historia de movilizaciones sociales que, con enormes costos humanos, culminó, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos civiles hace seis décadas. Tal desinformación no es de responsabilidad de quienes ejercen el periodismo dignamente, sino de los millonarios que han aprovechado el declive económico de diarios nacionales “progresistas” para incidir en su política editorial. De ahí la importancia creciente de revistas con mayor autonomía, de periódicos locales, precarios, y de medios alternativos que difunden reflexiones críticas contra la administración tecno-autocrática.

Además de las movilizaciones, que algunos funcionarios han estigmatizado como acarreo pagado, son muy significativos los múltiples recursos legales que han interpuesto organizaciones como ACLU, en defensa de los derechos humanos de la población migrante así como de la ciudadanía no nacida en Estados Unidos, cuyo derecho a la nacionalidad pretende borrar el presidente; o que preparan sindicatos como la Federación de Empleados Públicos (AFGE) para defender los derechos de sus afiliados, o algunas instituciones a las que se les han recortado fondos de manera arbitraria. En un sistema donde el poder judicial todavía tiene autoridad, estos recursos constituyen un importante medio de resistencia, aunque sus efectos no sean inmediatos e incluso puedan fracasar ante un régimen que pretende hacer de la ilegalidad un instrumento de gobierno.

Con esto parecen coincidir tres profesores de connotadas facultades de derecho que, en un artículo de opinión, sugieren que las universidades atacadas o amenazadas por la política represiva del gobierno deben unirse en un litigio estratégico para defenderse y preservar las condiciones necesarias para seguir cumpliendo con su misión educativa. Mientras que ceder como Columbia, dicen, implica exponerse a mayores extorsiones, o litigar por separado sería muy arriesgado, presentar en conjunto recursos legales o coordinar sus acciones, daría más poder a estas instituciones y demostraría su compromiso con las libertades y los derechos fundamentales. Además, escriben, enviarían el mensaje “de que las instituciones de la sociedad civil tienen la obligación de defender las normas básicas de la democracia y del Estado de derecho (rule of law)” (The Nation, 7.IV, 25).

Quienes han estudiado o vivido bajo regímenes autoritarios, y sobre todo bajo gobiernos totalitarios, saben que el silencio, la autocensura o el apaciguamiento son estrategias del débil que quizá protejan de lo peor pero no contribuyen al cambio social. Estados Unidos es ya una tecno-autocracia en busca de control total; no es todavía una dictadura sangrienta. En este momento de crisis, la resistencia civil desde lo local es fundamental: da esperanza a gente que se sentía aislada e invita a coordinar acciones con otras personas y grupos.

En estos tiempos obscuros, allá y aquí, cabe recordar las palabras del senador Cory Booker, quien durante 25 horas defendió la democracia y la legalidad: “El poder de la gente es superior al de quienes están en el poder”.