El Tribunal Supremo de Turquía rechazó una solicitud para anular una polémica ley diseñada para retirar de las calles a millones de perros callejeros, lo que, según los críticos, podría provocar matanzas masivas de animales.

El principal partido de la oposición había solicitado la anulación de la legislación promulgada el año pasado, argumentando que violaba los derechos de los animales y el derecho a la vida.

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que las disposiciones son legalmente válidas y que deben seguir aplicándose.

Decenas de activistas por los derechos de los animales se congregaron cerca del Tribunal Constitucional para presionar al tribunal a derogar la ley, sosteniendo carteles con la leyenda “Cancelen la ley sangrienta” y gritando consignas antigubernamentales.

El gobierno estima que unos 4 millones de perros callejeros vagan por las ciudades y el campo de Turquía. Si bien muchos perros son inofensivos, el gobierno endureció la legislación sobre animales callejeros tras incidentes de ataques caninos, incluyendo casos que involucraban a niños.

La ley exige a los municipios reunir a los perros callejeros y reubicarlos en refugios donde serán vacunados, castrados y esterilizados antes de ponerlos a disposición para su adopción. Los perros con dolor, enfermedades terminales o que representen un riesgo para la salud humana serán sacrificados.

Los defensores de los animales se opusieron firmemente a la ley, temiendo que provocara un sacrificio masivo o que los perros terminaran en refugios abarrotados y plagados de enfermedades.

Expresaron su preocupación por cómo los municipios con dificultades económicas conseguirían financiación para construir refugios adicionales. Temen que, en lugar de asignar recursos al cuidado de los perros callejeros, algunos municipios recurran a la eutanasia con el pretexto de que están enfermos.

Muchos defensores de los derechos de los animales también han denunciado que muchos animales callejeros fueron sacrificados indiscriminadamente tras la aprobación de la ley.

Es probable que el fallo judicial aumente la presión sobre los municipios para que apliquen la ley.