De aprobarse la legislación, Escocia se uniría a países como Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Austria y Ecuador en permitir la muerte asistida en determinadas circunstancias.
El Parlamento escocés votó a favor de un proyecto de ley que permitiría a las personas que viven en Escocia con una enfermedad terminal quitarse la vida, lo que acerca la propuesta a hacerse realidad en el país.
Antes de la votación final, el Proyecto de Ley de Muerte Asistida para Adultos con Enfermedades Terminales (Escocia), abre en una nueva pestaña, pasará a la fase de comisión, donde será analizado y enmendado por miembros del Parlamento escocés.
De aprobarse la legislación, Escocia se uniría a países como Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Austria y Ecuador en permitir la muerte asistida en determinadas circunstancias.
Esto se produce tras una votación histórica el año pasado en el Parlamento británico, en la que los legisladores respaldaron un proyecto de ley para permitir la muerte asistida en Inglaterra y Gales.
El proyecto de ley escocés otorgaría a los adultos con plenas facultades mentales diagnosticados con una enfermedad terminal el derecho a terminar con su vida, con la asistencia de profesionales de la salud.
La legislación incluiría garantías como evaluaciones independientes realizadas por dos médicos y un período de reflexión de 14 días.
Se exigiría que quienes soliciten una muerte asistida hayan residido en Escocia durante al menos un año. Las personas tendrían que autoadministrarse la sustancia que pondría fin a su vida.
El proyecto de ley fue propuesto por el diputado liberal demócrata del parlamento escocés Liam McArthur en 2021, y es la tercera vez que los legisladores escoceses votan sobre este tipo de legislación. La última votación fue en 2015.
Antes de la votación, McArthur se unió a sus simpatizantes a las afueras del parlamento escocés y afirmó creer que el clima político ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años.
Las encuestas muestran que la mayoría de los británicos respaldan la muerte asistida y quienes la apoyan afirman que la ley debe adaptarse a la opinión pública. Los detractores afirman que el proyecto de ley no protegería a los más vulnerables.