El expresidente filipino Rodrigo Duterte dejó un legado salvaje con su letal campaña antidrogas, fue arrestado en virtud de una orden emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad por los miles de muertos en una guerra que libró contra las drogas durante una carrera política que abarcó décadas.

Su detención culminó una investigación internacional sobre asesinatos que se desarrolló durante más de una docena de años.

Duterte volvió a ser el centro de atención durante un viaje de fin de semana a Hong Kong, cuando el viaje desató especulaciones de que podría haberse exiliado durante un viaje a Hong Kong para evadir una inminente orden de arresto internacional.

Había aparecido como el principal orador en una reunión de miles de expatriados filipinos que vitoreaban y ondeaban banderas, que colmaron el Estadio Southorn en el céntrico distrito de Wan Chai.

Duterte, que ahora tiene 79 años y está mal de salud, hizo campaña por los candidatos de su partido político al Senado antes de las elecciones de mitad de mandato del 12 de mayo en Filipinas. Dijo que sabía que la Corte Penal Internacional había emitido una orden de arresto en su contra por su campaña contra las drogas ilegales que dejó miles de sospechosos muertos.

Nuevamente trató de justificar la brutal represión y la multitud lo aplaudió. La policía lo arrestó cuando bajaba del avión en el Aeropuerto Internacional de Manila basándose en una orden de la CPI.

Duterte, ex fiscal, congresista y alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, se ganó un nombre político con sus arrebatos plagados de blasfemias contra las élites, la dominante Iglesia Católica Romana y Occidente. Pero quizás se lo recuerde más por su brutal enfoque hacia la delincuencia, en particular las drogas ilegales.

En el marco de su campaña policial en Davao a principios del milenio, se calcula que 1.000 sospechosos, en su mayoría pobres, fueron asesinados a tiros extrajudicialmente.

Un agente de policía implicado en los asesinatos de Davao que más tarde desertó de Duterte dijo que hasta 10.000 sospechosos fueron asesinados por él y otros escuadrones de la muerte de policías y civiles bajo el gobierno de Duterte.

La cifra de muertos en la campaña fue alarmantemente alta durante años, lo que le valió apodos como “el Castigador” y “Duterte Harry”, en honor al personaje policial de las películas del Oeste que no respetaba la ley.

Los activistas de derechos humanos dijeron que la gente tenía miedo de testificar contra Duterte en los tribunales.

La CPI inició una investigación sobre los asesinatos relacionados con las drogas durante el gobierno de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011, cuando todavía era alcalde de Davao, hasta el 16 de marzo de 2019, como posibles crímenes contra la humanidad.

Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, en una medida que, según los activistas de derechos humanos, tenía como objetivo eludir la rendición de cuentas por los asesinatos.

El gobierno de Duterte decidió suspender la investigación de la corte internacional a fines de 2021 argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones y argumentando que la CPI, un tribunal de última instancia, no tenía jurisdicción.

Los jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron en julio de 2023 que la investigación podría reanudarse y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI puede intervenir cuando los países no están dispuestos o no pueden procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.