El parlamento de Uganda aprobó una ley enmendada que permite a los tribunales militares juzgar a civiles. Esto provocó protestas de la oposición, que afirmó que la medida violaba un fallo de la Corte Suprema de enero que prohibía dichos juicios.

Esta práctica, en uso durante las últimas dos décadas, ha sido criticada durante mucho tiempo por políticos de la oposición y activistas de derechos humanos, quienes acusan al gobierno de utilizar cortes marciales para silenciar a sus oponentes, lo cual niega.

En una publicación en la plataforma X, el parlamento anunció la aprobación de la legislación.

El jefe del ejército, Muhoozi Kainerugaba, elogió al presidente del parlamento y a los legisladores del gobierno por la aprobación del proyecto de ley.

El portavoz militar, Chris Magezi, afirmó que la ley abordará con firmeza a los criminales violentos armados, disuadirá la formación de grupos políticos militantes que buscan subvertir los procesos democráticos y garantizará que la seguridad nacional se base en una sólida base.

Durante un debate sobre la ley, el político opositor Jonathan Odur calificó la legislación de “superficial, irrazonable e inconstitucional”. El siguiente paso será que el presidente Yoweri Museveni apruebe la ley para que entre en vigor.

En un fallo de enero, el Tribunal Supremo de Uganda prohibió los juicios militares de civiles, alegando que los tribunales carecían de competencia legal para tramitar los juicios penales de manera justa e imparcial.

El veredicto obligó a las autoridades a transferir el juicio de una importante figura de la oposición, Kizza Besigye, quien se encontraba sometido a un proceso militar por delitos como traición, a un tribunal civil. Besigye, quien ya se ha enfrentado al presidente Museveni en cuatro ocasiones en las elecciones, fue detenido en la vecina Kenia el año pasado y trasladado a Uganda para comparecer ante un tribunal militar.

Sus abogados y su partido, el Frente Popular para la Libertad (FFP), han calificado los cargos de motivados políticamente.

Ramaphosa buscará restablecer las tensas relaciones con Trump, quien ha criticado a Sudáfrica por la política de reforma agraria del país y su caso de genocidio contra Estados Unidos.

El líder de la oposición, Bobi Wine, también fue acusado en 2018 en un tribunal militar por presunta posesión ilegal de armas de fuego, aunque los cargos contra la estrella del pop convertida en política fueron posteriormente retirados.

Human Rights Watch ha criticado previamente a los tribunales militares de Uganda, alegando que no cumplen con los estándares judiciales internacionales de competencia, independencia e imparcialidad.

Los tribunales también utilizan rutinariamente pruebas obtenidas mediante tortura a los acusados, ignorando al mismo tiempo otras normas clave para un juicio justo, afirmó la organización de derechos humanos. El ejército niega las acusaciones.