El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de inmigrantes de cuatro países, lo que los expone a una posible deportación.

La apelación de emergencia solicita a los jueces que detengan una orden de un tribunal inferior que mantiene vigente el estatus legal temporal para más de 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El gobierno republicano argumenta que la decisión interfiere indebidamente en la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.

“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones de política migratoria más importantes del gobierno”, escribió el Procurador General John Sauer.

La orden de la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani en Boston impidió que el gobierno de Trump cancelara anticipadamente el estatus legal temporal de los migrantes. Su fallo, emitido a mediados de abril, se produjo poco antes de la fecha prevista para la cancelación de sus permisos, lo que los exponía a la expulsión del país.

El Departamento de Justicia recurrió a la Corte Suprema después de que un tribunal de apelaciones se negara a levantar la orden de Talwani. Sauer argumentó que, en cambio, la jueza se equivocó en cuanto a la ley, incluyendo su conclusión de que cualquier revocación de la libertad condicional debe realizarse caso por caso.

Argumentó que la finalización anticipada del programa permite al gobierno federal expulsar a las personas del país con mayor rapidez, en consonancia con los objetivos políticos de la administración Trump.

Este caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. El gobierno solicitó a la corte la semana pasada que retirara las protecciones legales temporales a 350,000 venezolanos, y continúa enfrascado en batallas legales por sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser pandilleros a una prisión en El Salvador, bajo una ley de guerra del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.

Trump prometió durante la campaña electoral deportar a millones de personas que se encuentran en el país sin autorización.

Los defensores han calificado la decisión de la administración Trump de terminar el programa como sin precedentes y argumentaron que violaba la normativa federal.